Ciudad de Panamá (ICPARDRN). Panamá está dando un nuevo paso en la transformación de su sistema tributario con la implementación de medidas dirigidas a reforzar el control sobre las rentas pasivas obtenidas en el extranjero y exigir una mayor sustancia económica a las empresas que operan desde su jurisdicción.

La actualización normativa se produce en un contexto de creciente presión internacional para que los países fortalezcan sus mecanismos de transparencia fiscal y adopten estándares más rigurosos contra la erosión de bases imponibles y el traslado artificial de beneficios.

El nuevo enfoque coloca bajo mayor escrutinio a las estructuras corporativas que generan ingresos pasivos, tales como dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y otros rendimientos financieros provenientes del exterior.

Un cambio alineado con las tendencias globales

Durante años, Panamá ha sido reconocida como una plataforma estratégica para la inversión internacional y la administración regional de negocios. Sin embargo, las exigencias impulsadas por organismos internacionales han llevado al país a reforzar progresivamente su marco regulatorio tributario.

Expertos consultados por distintos medios especializados consideran que las nuevas disposiciones buscan asegurar que las empresas cuenten con operaciones reales y no funcionen únicamente como vehículos corporativos utilizados para canalizar ingresos desde otras jurisdicciones.

En términos prácticos, las autoridades fiscales prestarán mayor atención a factores como la presencia física de la empresa, la existencia de personal calificado, la toma efectiva de decisiones dentro del territorio y la relación entre las actividades desarrolladas y los beneficios obtenidos.

La sustancia económica se convierte en un factor clave

La denominada “sustancia económica” pasa a ocupar un papel central dentro de la estrategia fiscal de las multinacionales.

Bajo este concepto, las empresas deberán demostrar que cuentan con recursos humanos, infraestructura, funciones operativas y capacidad de gestión suficientes para respaldar las rentas que generan.

La tendencia responde a un principio cada vez más aceptado por las administraciones tributarias a nivel mundial: las utilidades deben tributar donde realmente se crea el valor económico.

Para numerosas compañías internacionales, esto implica revisar sus estructuras corporativas, modelos de negocio y documentación de soporte para garantizar que puedan justificar adecuadamente la presencia y actividad de sus entidades en Panamá.

Mayor protagonismo de los precios de transferencia

Las modificaciones también fortalecen la relevancia de los precios de transferencia, una de las áreas de mayor vigilancia por parte de las administraciones tributarias modernas.

Las empresas que realizan operaciones entre entidades relacionadas deberán demostrar que dichas transacciones se efectúan bajo condiciones de mercado y que la distribución de beneficios guarda relación con las funciones desempeñadas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por cada entidad del grupo.

Este enfoque se encuentra alineado con las recomendaciones internacionales derivadas del proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Impacto para América Latina y República Dominicana

Especialistas señalan que la decisión de Panamá refleja una tendencia que se está observando en múltiples jurisdicciones de América Latina.

En República Dominicana, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha fortalecido en los últimos años los controles relacionados con precios de transferencia, operaciones internacionales y documentación de grupos multinacionales.

Como resultado, las empresas dominicanas con inversiones, subsidiarias o estructuras corporativas en Panamá podrían verse obligadas a revisar sus esquemas de cumplimiento tributario internacional para garantizar que cumplen con los nuevos requerimientos.

Un entorno fiscal cada vez más exigente

La evolución del régimen fiscal panameño confirma que la planificación tributaria internacional está entrando en una nueva etapa, caracterizada por mayores exigencias de transparencia, sustancia económica y documentación de soporte.

Para las multinacionales, el desafío ya no consiste únicamente en optimizar su carga tributaria, sino en demostrar que cada estructura corporativa responde a una actividad económica real y sostenible, capaz de resistir el creciente escrutinio de las autoridades fiscales alrededor del mundo.